Al final de esta introducción reproduzco íntegramente este artículo que refleja lo que vengo pensando y escribiendo hace ya varios meses bajo el título de
LA GRAN MARICONADA DE CHILE.
En esta oportunidad mi intención es denunciar la tremenda injusticia, y falta absoluta de debido proceso, que hoy enfrentan los jóvenes oficiales y sub oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros que les tocó actuar, bajo el principio militar sagrado de la obediencia debida, en el período inmediatamente posterior al 11 de Septiembre de 1973.
Hoy son arrastrados frente a un selecto grupete de jueces prevaricadores, de primera instancia y de Apelación, que lo único que consideran son sus propias carreras profesionales, sus lealtades izquierdistas y condenan a la mayoría de los procesados militares y de carabineros "por haber estado ahí" y sin pruebas válidas razonables.
Es mas, es tan claro la falta de debido proceso, más allá del atropello de principios jurídicos básicos vigentes como son la amnistía, la prescripción y la no retroactividad en la aplicación de tratados internacionales, si consideramos las siguientes graves violaciones a los derechos de los procesados militares:
---Me refiero a aquellos jueces que ganan rentables ascensos en el escalafón judicial, prestigio e invitaciones al extranjero por condenar sin misericordia y, muchas veces, sin beneficios a los procesados militares.
---Me refiero a los políticos de izquierda que ganan jugosos dividendos político electorales (y en las encuestas) cada vez que se refieren al Golpe Militar y piden las más drásticas sanciones a los "violadores de derechos humanos".
---Me refiero a las pingues ganancias de los abogados de "derechos humanos" los que extraen cifras millonarias del erario nacional al conseguir indemnizaciones y pensiones para sus clientes y familiares.
---Me refiero al negociado para afectados y familiares de las víctimas de los sucesos en cuestión al conseguir importantes indemnizaciones y pensiones cada vez que son considerados culpables y condenados los militares que actuaron hace ya 40 años.
¿ Qué debido proceso puede existir dado lo señalado ?
En verdad no existe debido proceso alguno para los procesados militares........por las circunstancias señaladas, y porque los "testigos" de los hechos de aquella época simplemente no son confiables, por el gran número de años transcurridos, y porque son parte tremendamente interesada en que se logren condenas.
La gran mayoría de ellos están incentivados por toda esta perversión monetaria, moral y jurídica para exagerar y mentir con el objeto de lograr las condenas de estos miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros, que, en su inmensa mayoría tenían menos de 25 años a la fecha de los sucesos, y que actuaron por obediencia debida durante estados constitucionales de excepción.
Y como, una vez más, mis "amigos" de izquierda me van a tildar de "facho", una vez más les voy a instar a que lean mi historia familiar, tal como la escribí hace algunos meses, para el 11 de Septiembre del 2013, cuando la izquierda festinó con los 40 años del Golpe Militar.
A mi, y a mi familia, nadie nos viene a dar lecciones de
Derechos Humanos, Reconciliación y Perdón.
Y para finalizar suscribo plenamente la opinión reciente de Orlando Sáenz: ".....
se hizo tabla rasa (en Chile) del dogma de la obediencia debida, que hasta los aliados respetaron después de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar del mayor genocidio que conoce la historia de la humanidad (solo se juzgó y condenó a aquellos en que se pudo demostrar que tenían el libre albedrío suficiente para evitar los crímenes en que participaron).
Un gran abrazo a las decenas de oficiales y sub oficiales, y a sus familias, los que injustamente se encuentran victimizadas, y en la más absoluta indefensión y carentes de debido proceso.
¡¡¡¡¡¡ BASTA YA DE LA GRAN MARICONADA DE CHILE !!!!!!!!
LOS JINETES DEL APOCALIPSIS
Hoy, a más de cuarenta años de la mayor crisis política del Siglo XX, nuestro país se debate una vez más en el caos, careciendo de un conductor político y de un gobierno sólido, honesto y confiable que le permita llevar a cabo sus decisiones. El estado de derecho, recuperado en aquel entonces por los militares y entregado intacto a los nuevos amos de la fronda política chilena, se ha visto progresivamente desgastado, llegando a observarse preocupantes signos de descomposición. Resalta en ello, la situación de un Poder Judicial que asume un protagonismo que sobrepasa ampliamente el rol que le corresponde, en desmedro de los demás poderes del estado.
A partir de la obsecuencia mostrada anteriormente hacia el poder militar, gran parte de los jueces ha evolucionado últimamente hacia el papel de “héroes vengadores” de aquellos a los que –por fortuna y con ayuda de Dios− les fuera impedido imponernos la dictadura marxista. Es fácilmente identificable en el presente un sector de los jueces que practican una suerte de activismo judicial, con preocupantes efectos para la paz y estabilidad futura de nuestra nación. Particularmente, tenemos hoy un grupo de magistrados en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema que –con absoluta impunidad− aplican la justicia a su modo, asumiendo que tienen el derecho de imponer sus sentimientos y visiones ideológicas personales, por sobre la letra y el espíritu de la Ley chilena. Esto adquiere extrema gravedad cuando afecta en forma exclusiva a un sector de la sociedad: el de los militares en retiro.
Encabeza esta corriente justiciera un sector de la Corte Suprema, guiado por criterios personales y prejuicios de índole abiertamente política y que –amparados en su posición privilegiada y hasta ahora intocable− encarcelan masivamente y sin respeto a los fundamentos de nuestra juridicidad a quienes en el pasado cumplieron sus deberes de obediencia, convencidos de luchar por la libertad de todos los chilenos.
Cual jinetes del apocalipsis, hoy tenemos un grupo de ministros, férreamente instalado en la Corte Suprema, desde donde domina las acciones de reivindicación política de la izquierda vengadora, ocupando uno de ellos −ni más ni menos− la máxima silla de su presidencia. Se conforma así un frente jurídico-político que asegura la consolidación de las acciones llevadas a cabo en niveles inferiores, violándose reiteradamente los derechos constitucionales de un creciente grupo de uniformados en retiro, a los que condenan −sin tapujos ni vergüenza− por delitos prescritos, no contemplados en nuestra legislación o simplemente jamás demostrados en las tendenciosas y asimétricas investigaciones llevadas a cabo por los mismos jueces que acusan y fallan.
Como si la señalada arbitrariedad no fuese suficiente para anular el debido proceso a que tienen derecho todos los chilenos ¡obviamente incluidos los militares!, la necesaria independencia de los jueces que llevan las causas de derechos humanos es violada a vista y paciencia del mundo jurídico, al verse interferida la autonomía de los tribunales especiales con la intromisión oficiosa del Presidente de la Corte Suprema, quien se ha auto-atribuido el carácter de “coordinador de los procesos de derechos humanos”, es decir, ¡emitiendo instrucciones y orientando los fallos de aquellos cuyo desempeño calificará posteriormente!.
En este mismo nivel, nos encontramos con reiteradas situaciones en que este equipo de jueces –para alegría de los querellantes y del Ministerio del Interior− se encarga de aumentar groseramente aquellas penas que no satisfacen su espíritu vengador, incluso cuando –en contadas ocasiones− los jueces del nivel inferior han fallado con moderación, aplicando las rebajas de pena a que tiene derecho todo imputado. Abusan así, de manera descarada, de su condición de última instancia procesal para los militares en retiro.
Lo grave es que: los abogados lo saben; los buenos jueces (que los hay) también lo saben; los senadores lo saben; los diputados lo saben; el gobierno lo sabe (y lo estimula); las FF.AA. lo saben; la Iglesia Católica lo sabe; la Logia Masónica lo sabe; las Iglesias Evangélicos lo saben; los Gendarmes lo saben; la Contraloría lo sabe; etc. Pero NADIE HACE NADA…permitiendo que la injusticia siembre su semilla de odio en miles de seres humanos –los afectados, sus familias, sus amistades− quienes inevitablemente se verán arrastrados a buscar con pasión la justa reparación del gravísimo daño inferido por estas acciones inconstitucionales e inmorales que violan los principios esenciales de la aplicación de justicia, degenerada ésta por oscuros propósitos, evidentemente asociables a la estrategia gramsciana.
Cuando Allende se acercaba a los mil días de su desgobierno, la desesperanza reinaba entre los chilenos, sin que se viera posibilidad alguna de escapar del siniestro destino que nos ofrecía el socialismo. Nada impide que el desaliento actual sea también sorprendido por un brusco cambio de dirección en este curso de colisión en el que nos está conduciendo el abuso de estos jinetes de la muerte y del odio.
Cuando se cumple un nuevo aniversario del 11 de Septiembre de 1973 y han transcurrido 549 días del gobierno de la señora Bachelet, es de esperar que en los 910 días que le restan para el fin de su mandato, la racionalidad retorne a Chile, para reponer el estado de derecho que hoy se vulnera en forma abierta y desafiante.
Carpóforo
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